Barcelona y Madrid, pendientes de dos nuevos desahucios

La maquinaria judicial sigue su curso y el calendario de lanzamientos permanece activo. Para los próximos días están programados otros dos desahucios en Barcelona y Madrid. Así, el primero de ellos será en la calle barcelonesa de La Mina de la Ciudad, mientras que el segundo se producirá en la localidad madrileña de Torrejón de Ardoz. En ambos casos, el principal movimiento defensor contra los desahucios, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), ha emplazado a todos los ciudadanos e indignados para paralizar estos desalojos.

            


En la calle La Mina de la Ciudad ya es la segunda vez que la administración de justicia intenta hacer que los inquilinos abandonen la casa. En este sentido, la plataforma desea que se la autoridad ejecutante se vuelva a ir con las manos vacías y que sea paralizado el lanzamiento de la vivienda con la idea de que sus habitantes consigan encontrar la vía judicial por la que puedan conseguir conservar su piso.

 Es esta la labor de estos activistas, que todas las semanas logran frenar, uno tras otro, todos los desahucios previstos en la agenda. Así ha sido en los procesos de lanzamiento del 30 de septiembre en Murcia, del 3 de octubre en Getafe y del día 4 en Barcelona.  “Estamos satisfechos con los resultados que estamos obteniendo en todas las convocatorias, tanto por el número de voluntarios como por los efectos que hemos conseguido. Sin embargo, hay que seguir trabajando para que el próximo gobierno tramite la iniciativa legislativa popular y por fin obtener la dación en pago como solución a la gran cantidad de lanzamientos que se tienen advertidos”, afirmó el miembro de la plataforma Gorka Urrutia.

Por otro lado, la pasada semana en Getafe, los activistas se enfrentaron al tercer intento de lanzamiento infructuoso por parte de los representantes del Juzgado. En el municipio madrileño, Isabel Torres, propietaria de un inmueble, solicitó en 2008 una hipoteca para cancelar unas deudas con su madre, que figuraba como avalista. “En 2009, perdí mi empleo y ante la imposibilidad de hacer frente a la deuda de la misma manera, intenté renegociar los pagos con la entidad, pero se negaron a llegar a un acuerdo conmigo. Ahora, con la casa subastada y en posesión de la entidad, mi madre sufre una grave depresión por la amenaza de desalojo”, comentó Torres. Ambas, con una pensión de 490 euros para llegar a fin de mes, no podrán salir adelante sin ayuda, ya que no tienen a dónde ir si el procedimiento sigue su curso. De momento, han ganado más tiempo para buscar ese auxilio.

            

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