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UPyD propone austeridad y transparencia a todos los gobiernos en los que tiene representación, ¿medida modelo o estrategia política?
Con las elecciones a la vuelta de la esquina, y sin que haya dado comienzo todavía la campaña electoral de manera oficial, todos los partidos políticos comienzan con sus estrategias de cara a ganar adeptos, con sus consiguientes votos. Mientras unos se dedican a inaugurar edificios, construcciones e infraestructuras que en ocasiones llevan meses funcionando o todavía no están terminadas; y otros prometen medidas milagrosas en contra de la crisis; UPyD desde su modesta posición en los ayuntamientos de algunos municipios repartidos por la geografía española se lanza a proponer mociones en favor de la transparencia y la austeridad de las administraciones locales y autonómicas. Medidas que en la mayoría de los casos no tienen ningún alcance ya que exceptuando en un pequeño pueblo de Ávila, en el que UPyD ganó las elecciones y tiene una alcaldesa, en el resto de municipios la representación del partido es tan pequeña que sus propuestas suelen caer en saco roto.
Desde que UPyD llegara a más de noventa ayuntamientos y a dos comunidades autónomas en las elecciones municipales y autonómicas del pasado mes de mayo, sus portavoces y concejales se han dedicado a intentar dar a conocer las propuestas de un partido al que mucha gente todavía no conoce. En muchos casos, se ha intentado extrapolar la política nacional a la autonómica y municipal cuando en realidad no tiene nada que ver. Dos de sus medidas más controvertidas son la transparencia y la austeridad. UPyD pide dos cosas a las administraciones públicas: que sean austeras a la hora de gastarse el dinero de los contribuyentes y que ofrezcan pública y fácilmente información accesible a toda la población, tan relevante, como los sueldos de los cargos del gobierno y demás entes políticos.
Entre las propuestas de austeridad del partido destacan la supresión de órganos redundantes para simplificar así la estructura administrativa local, la exclusiva contratación de cargos de confianza para el gabinete de la alcaldía o el recorte drástico de los gastos en publicidad institucional. Como ejemplo, tenemos la polémica en el asamblea de Madrid cuando los diputados de UPyD rechazaron el uso de los coches oficiales, una decisión que se entendió como demagógica en muchos sectores de la población madrileña. En cuanto a la transparencia, como ya se ha dicho, demandan la publicación en las webs municipales de las retribuciones de los cargos públicos, la retransmisión de los plenos a través de Internet y la realización de auditorías independientes a todos los ayuntamientos y gobiernos autonómicos.
Según un informe que presentó el partido inmediatamente antes de las elecciones autonómicas y municipales del mes de mayo, "El coste del Estado Autónomo", las administraciones públicas podrían ahorrarse 26.000 millones de euros al año si eliminaran las duplicidades, redundancias e ineficacias que se producen en los gobiernos autonómicos. Unas semanas más tarde, en mayo, el partido presentó este informe en forma de moción en el Congreso de los Diputados. En ella, instaba al gobierno a eliminar esas ineficiencias, garantizando así la viabilidad y la sostenibilidad del estado de autonomías español. La moción no fue apoyada por ningún grupo político representado en el Parlamento.
También poco antes de las elecciones de mayo, UPyD hizo una proposición de ley en el Parlamento para garantizar la transparencia en las administraciones públicas y luchar contra la corrupción. Según Manuel Lindo, miembro del Consejo Político Nacional de UPyD, "la función del político es una representación temporalmente concedida por el ciudadano para la gestión de sus asuntos, por lo que tal función debe ser desarrollada desde la observancia de la máxima lealtad a quién concedió dicha representación". Además, en la época de libertad de información en la que vivimos, del imperio de los medios tecnológicos, no existe ninguna imposibilidad para que toda la actuación de cualquier administración no pueda darse a conocer a los ciudadanos.
Según los últimos sondeos sobre las próximas elecciones el 20 de noviembre, UPyD lograría un 5% a nivel nacional, que en caso de no alcanzarse, le impediría llevar a cabo uno de sus principales objetivos a corto plazo según fuentes propias del partido: formar grupo parlamentario en el Congreso de los Diputados. Probablemente por eso, ahora que todavía no tienen poder ni de decisión ni de acción, emplean su tiempo en intentar convencer a los ciudadanos de que son una alternativa real con iniciativas que en muchos casos caen en la demagogia.

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