LA SANIDAD PÚBLICA RECORTADA

Con la incursión del Real Decreto Ley 16/2012 sobre medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, han surgido opiniones muy diversas desde todos los ámbitos afectados por los recortes. La sanidad de entendía como un derecho universal, pero debido al momento económico por el que está pasando el país el gobierno ha visto necesario realizar cambios en la estructura de la sanidad con la finalidad de conseguir una cohesión e igualdad en toda la nación, como se establece en el sumario del Real Decreto “son necesarias reformas que permitan reforzar la sostenibilidad, mejorar la eficiencia en la gestión, promover el ahorro y las economías de escala…”. Ante esto los partidos de la oposición no han tardado en expresar sus valoraciones.

Fotografía: Jacilluch

     El diputado y portavoz en la Comisión de Sanidad de la Asamblea de Madrid del partido unión, progreso y democracia (UPyD), Enrique Normand, en relación a si el Real Decreto Ley 16/2012 supone un cambio del modelo democrático español asegura que “supone un cambio muy relevante en el modelo de aseguramiento por el sistema sanitario público. El sistema ha dejado de ser universal y ahora se atiende o no a un enfermo en función de si cumple o no las condiciones para estar asegurado y estas condiciones se han endurecido. Es contradictorio atender a un paciente en función de si cotiza o no la seguridad social cuando el sistema sanitario no se financia con fondos de la seguridad social”. El portavoz del grupo parlamentario de Izquierda Unida en la Comisión de Sanidad de la Asamblea de Madrid, Rubén Bejarano, en este mismo sentido asegura que “supone cambios fundamentales en el sistema sanitario público, e inician una verdadera contrarreforma sanitaria. Vincula el derecho a la atención sanitaria con el aseguramiento y en ningún caso se señala que este aseguramiento tiene que ser a la Seguridad Social, y se excluye de la atención sanitaria gratuita a quienes no ostenten esta condición. Introduce el copago farmacéutico y algunas prestaciones. Excluye del sistema sanitario público a sectores de población, y por lo tanto, ya no podemos hablar de Sanidad Pública Universal”.

Uno de los cambios que más ha hecho mella entre la población joven es la noticia de que a partir del Real Decreto no se garantiza la asistencia sanitaria a los colectivos, en concreto a los mayores de 26 años que no hayan cotizado nunca. Rubén Bejarano aclara que “Parece que van a arreglar esta "chapuza" con la nueva regulación que viene a modificar el propio decreto ley. El proyecto de decreto ley divide en dos grupos a los mayores de 26 años que nunca hayan cotizado, algo cada vez más habitual: los que antes del 1 de septiembre hayan contado con una tarjeta sanitaria individual, y los que no. Para los primeros se dice, simplemente, que se les deje como están. Eso sí, tienen tres meses para presentar la documentación correspondiente. Los otros, los que cumplan más de 26 años a partir del 1 de septiembre, tendrán que hacer un proceso similar al de antes —(solicitar el certificado de que no tenían ingresos), solo que esta vez deberán acreditar que no ganan más de 100.000 al año. Con esto la inmensa mayoría de los casos quedarán cubiertos.”

La rapidez con la que se ha hecho el Real Decreto y lo cambios en él introducidos no parece dar solución a todos los problemas económicos por los que atraviesa la sanidad española. Enrique Normand afirma que “se ha tramitado de forma urgente algo que debería haberse hecho con más calma por su trascendencia y para poder incorporar enmiendas de otros grupos políticos durante la tramitación parlamentaria. Es un real decreto ley que el propio gobierno ha modificado en dos ocasiones en menos de un mes. A la primera modificación la llamaron "corrección de errores". Globalmente estamos en contra aunque es cierto que introduce algunas mejoras”. Desde Izquierda unida el descontento con la aplicación del Real Decreto esta patente ya que como asegura Rubén Bejarano, “es una auténtica contrarreforma, que va a tener un impacto muy negativo en cuanto a la calidad asistencial. Ya no podemos hablar de una sanidad pública, gratuita, universal, solidaria y equitativa. Es excluyente y la puerta al copago, aumentando un progresivo proceso de privatización”. 

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