Los
Centros Especiales de Empleo (CEE) de toda España están en riesgo debido a la
demora en el abono de ayudas y subvenciones salariales por parte de las
administraciones públicas. “Hay Comunidades Autónomas que tienen un retraso de
pagos de ocho meses, lo que agrava la creación de empleo en las personas con
discapacidad”, informa el delegado adjunto del Comité Español de Representantes
de Personas con Discapacidad Autonómico (CERMI) y miembro de la Federación
Empresarial Española de Asociaciones de Centros Especiales de Empleo (FEACEM),
Luis Alonso Calzada.
Los
CEE tienen como objetivo principal facilitar la integración laboral de las
personas discapacitadas en el mercado ordinario de trabajo. Son empresas que
deben contar en su plantilla con al menos un 70% de trabajadores con
discapacidad y que basan su financiación, además de en lo que obtengan por el
desarrollo de su actividad, en las ayudas procedentes de la Administración Pública,
reguladas en la Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de 16 de
octubre de 1998.
 |
| Inauguración del CEE Trefemo de la Fundación Alas. Foto: Comunidad de Madrid @flickr.com |
La
demora en el pago de ayudas y subvenciones en estos centros afecta
principalmente al mantenimiento de puestos de trabajo, a la financiación de
proyectos generadores de empleo y a las unidades de apoyo a la actividad
profesional. El tiempo medio de retraso por parte de las administraciones públicas
de las Comunidades Autónomas se encuentra entre los cinco y 16 meses, según
datos de las estructuras autonómicas de FEACEM.
Respecto
al mantenimiento de puestos de trabajo, Andalucía es el caso más grave ya que la demora media es de dos años y tiene
pendiente el pago de mensualidades correspondientes al año 2008. Los CEE de
esta comunidad describen una situación insostenible y caótica y denuncian que
los ocho millones de euros extraordinarios que se libraron para la Comunidad de
Andalucía, no se han destinado a los centros. El vicepresidente del CEE ‘Asociaciónde Minusválidos de AMIVEL’ en Málaga, Francisco Aguilar, afirma: “Estamos muy
preocupados, intentamos mantenernos a través de la autofinanciación, pero es
muy complicado por la falta de comercialización de los productos que elaboramos”.
En Cataluña han anunciado que los incrementos de plantilla no serán
subvencionados en todo el ejercicio 2011, según informaciones de los CEE de
esta comunidad a FEACEM.
Las
subvenciones para proyectos generadores de empleo se han visto especialmente
afectadas en Navarra dónde los recortes han sido de un 40%. Y la parte de
unidades de apoyo a la actividad profesional son ayudas que no se reconocen en
Andalucía ya que no existe normativa ni convocatoria autonómica que las regule.
El
retraso está generando graves problemas de financiación y pone en alto riesgo
de supervivencia a los centros. “Tuvimos que restringir la paga extraordinaria
de diciembre y la subida del convenio hasta que no llegue la partida de la
Administración correspondiente al año 2010”, informa Francisco Aguilar. Además,
esta situación de demora se produce en un contexto de crisis económica dónde
los CEE se enfrentan a descensos en sus niveles de facturación fruto de su
actividad económica. Al igual que el resto de empresas españolas afectadas por
la crisis, los Centros Especiales de Empleo han sufrido fuertes caídas en la
producción y ventas, reducciones de plantilla y paralización de la actividad. “Nos
faltan ayudas en la canalización de los productos que realizamos, algo que si
se produjese nos permitiría mantener el centro con nuestras actividades,
podríamos ser autosuficientes”, asegura Aguilar.
Las
consecuencias de esta situación para la integración de personas con
discapacidad en el mundo laboral es la reducción de la contratación por parte
de las empresas ordinarias. Según informa Luis Alonso Calzada: “cada vez son
más las empresas que optan por medidas alternativas a la contratación de
personas con discapacidad como, por ejemplo, comprar los productos o servicios
que ofrecen los CEE. Más de un 30% de las empresas no cumple con la ley deintegración social del minusválido (LISMI)”, norma que obliga a las compañías
de más de 50 trabajadores al cumplimiento de una cuota de reserva del 2% de su
plantilla para trabajadores discapacitados.
“Esta
situación de enorme incertidumbre a la que estamos expuestos pone en entredicho
la supervivencia de los centros y, en consecuencia, los puestos de trabajo de
miles de personas con discapacidad”, asevera el vicepresidente de Asociación de
minusválidos AMIVEL de Málaga.
No hay comentarios:
Publicar un comentario