El número de desahucios en España ha
crecido significativamente en los últimos años. Según los datos del Consejo
General del Poder Judicial, se producen 150 desahucios en España al día. Por
otro lado, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) afirma en su página
Web que 15.491 personas han sido expulsadas de sus casas por la incapacidad de
pago. Lo alarmante de esta información es que solamente se trata de datos del
primer trimestre del 2011. Durante la última semana, este movimiento social ha
paralizado 6 desahucios y mañana luchará por el séptimo en Barcelona. La
cuestión es, ¿cómo un grupo de personas es capaz de detener tantos desahucios?
La respuesta está en las redes sociales y la gran movilización de esta plataforma
junto con otros indignados.
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| 24-J Manifestación de las marchas indignadas. // gaelx |
Según la página Web de la PAH, entre 2007
y 2011 se producirán cerca de 500.000 ejecuciones hipotecarias. Desde su
creación en 2009 en Barcelona, han paralizado 80, según sus datos. Cabe
destacar la gran capacidad de este grupo para movilizar a tanta gente. En el
inicio de su Web tienen ordenadas por fecha y hora las próximas convocatorias
para paralizar los desahucios. Aunque la mayoría se realizan en Cataluña,
también se detienen otras ciudades como Madrid, Murcia, Santander… La
coordinación de estos activistas es impecable: se forman diferentes grupos para
ir al lugar en coche o se indica, en los mensajes de información, la estación
de metro más cercana, o de otro medio de transporte. Así, no es de sospechar cómo
pueden llegar casi al centenar de personas en cada convocatoria.
Ahora bien, ¿qué pasa después de
paralizar un desahucio? Antonio Rodríguez, abogado desde hace más de 20 años y profesor asociado de derecho civil
en la URJC en Madrid, explica que “si los ‘indignados’ impiden el desahucio,
obviamente están torciendo el pulso a la ley y al poder judicial, sin perjuicio
de que muchas de estas situaciones son dramáticas para la pobre familia
desahuciada”. Además añade que, sin embargo, “la ley es la ley y está para
cumplirse” y, sea o no injusto expulsar a la gente de sus viviendas, “son las
Cortes, en definitiva, los políticos, los que deben cambiarlas”. Estas leyes
son la Ley Hipotecaria y la Ley de Enjuiciamiento Civil. Por un lado, están las
leyes con sus respectivos procedimientos, pero quien ordena llevarlas a cabo
son, finalmente, los bancos.
El ex-director de una sucursal de Poio (Pontevedra) de Caixanova durante 20 años, Fernando García, indica que “el banco puede reclamar el
desahucio a partir del 3º pago no realizado” pero “todos los trámites suele ser
bastante lentos”. El proceso es el siguiente: si quien compra el piso no puede
pagarlo, el banco establece un juicio hipotecario, obteniendo una sentencia por
la cual se adjudica el piso en pago del dinero prestado. El principal conflicto
nace cuando “el valor del piso no llega a cubrir la deuda total, sobre todo en
este momento en el cual los precios de las viviendas han bajado bastante”. Por
lo tanto, “el cliente seguiría manteniendo la deuda con el banco por la
diferencia”. Así, al adjudicarse el piso ya no es la persona su dueña, sino el
banco, que puede hacer con él lo que quiera: intentar venderlo o alquilarlo.
Para ello, tiene que echar de la casa al anterior dueño. Antonio Rodríguez
indica que para que el desahucio se realice correctamente “tiene que ser en
presencia de la policía y de un funcionario del juzgado, así como con la
colaboración de un cerrajero”.
En definitiva, la Plataforma de Afectados
por la Hipoteca paraliza cada vez más desahucios, pero no por ello los bancos
dejan de perseguir a sus clientes. Solamente se trata de retrasar una muerte
anunciada, un problema que se está convirtiendo en algo habitual. Mañana, en
Barcelona, se intentará desahuciar a una familia por segunda vez, mientras los
indignados esperan que no sea la última.
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