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Los puntos de encuentro también están en crisis


Según datos del InstitutoNacional de Estadística el 57,1 % de los matrimonios disueltos en el 2010 tenían hijos, un 3,5 más que el año anterior. A consecuencia de ello, en los últimos años se ha ido incrementando el número de usuarios de los puntos de encuentro.Un servicio cuya función es la de mediar en los conflictos familiares generados tras los divorcios o rupturas contenciosos en las que existen hijos.  Pero este aumento de usuarios no ha significado la respectiva subida de financiación por parte de las administraciones, que ahogadas por la crisis, han dejado de colaborar en muchos casos con los Puntos de Encuentro Familiares.



Los puntos de encuentro favorecen el derecho del niño/a a mantener las relaciones con sus familias, cuando el derecho de visita se ve interrumpido o es de cumplimiento difícil o conflictivo. La mayor parte son gestionados por asociaciones que reciben una subvención de la Administración, algunas, mediante adjudicación directa, y otras por concurso. En cada Comunidad Autónoma se trabaja de manera diferente ya que no hay una Ley o Reglamento estatal que los regule, por ser competencias transferidas a las Regiones.

La secretario general de la Confederación Española de Puntos de Encuentro Familiares (CEPEF), Mercedes García Vilanova, advierte de las fatales consecuencias de la falta de dotación económica. “Se producen larguísimas listas de espera, es decir, esos niños tardan meses e incluso años en volver a reencontrarse con sus padres, hermanos... El vínculo se daña extraordinariamente, por no decir el daño y el dolor que eso produce en ambas partes. De hecho, mantener a un niño alejado de sus padres es una forma de maltrato hacía él de las peores que puede sufrir”.

Sala de un punto de encuentro familiar 1.
Cedida por la CEPEF
En el caso de Madrid mientras que hasta el año pasado existían cuatro puntos de encuentro en la capital dependientes del Ayuntamiento, este año uno de ellos  que se encontraba situado en la calle Doctor Esquerdo, ha cerrado por no obtener la dotación económica necesaria.Una de las técnico del punto de encuentro número 1 del Ayuntamiento de Madrid, Marta García  cuenta que los tres puntos de encuentro que han sobrevivido este año han cambiado de ubicación también por causas económicas. “Mientras que el año pasado el Consistorio pagaba el alquiler de locales de titulares privados, este año ha tenido que ceder locales de su propiedad para el desarrollo de las funciones de los puntos de encuentro”.


Otro de los problemas de los puntos de encuentro familiares tiene que ver con sus trabajadores. La crisis económica ha hecho que se trate de un personal muy eventual pero al que al mismo tiempo se le exige una alta cualificación para tratar con familias en las que se han roto los vínculos paterno-filiales tras la ruptura de la pareja. Este es el caso, Marta García, técnico del punto de encuentro número 1 de Madrid, que posee la carrera universitaria de Trabajo Social y un Máster de experto en Mediación Familiar.

Sala de un punto de encuentro familiar 2.
Cedida por la CEPEF
Los propios órganos judiciales son los que demandan de manera cada vez más habitual el servicio de los puntos de encuentro. La mayor parte de los expedientes que derivan a los PEF son rupturas en las que media denuncia por violencia de género. Estos casos se multiplican cada año si tenemos en cuenta que tan sólo en el primer trimestre de 2011 se presentaron 32.492 denuncias según datos del Observatorio deViolencia de Género.


La Secretario General de la Confederación Española de Puntos de encuentro, Mercedes García Vilanova, hace un llamamiento a las administraciones públicas de la delicada situación en la que dejan a los centros a los que reducen la financiación. “Las administraciones tienen que tomar conciencia de que cada recorte de presupuesto y cada cierre de centro deja a muchas familias sin atención y, por tanto, a muchos niños sin relacionarse con sus padres, sus abuelos, sus hermanos…”

En definitiva las reivindicaciones de los Puntos de Encuentro se resumen en tener una mejor dotación económica, mayor estabilidad para los técnicos que prestan allí sus servicios y una mejor coordinación con los Juzgados y la Administración, que les remiten a los usuarios.

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