La llegada del Partido Popular al
Gobierno trae consigo diversas propuestas para modificar algunas de las leyes
actuales. Una de las leyes que el nuevo Gobierno propone transformar es La Ley de la Interrupción
Voluntaria del Embarazo, aprobada en España en
1985, y su posterior ampliación llevada a cabo por el Gobierno
socialista en el año 2010 y denominada Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de
la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).
El programa electoral del Partido
Popular recogía una modificación de la actual ley del aborto con la intención de “reforzar la protección
del derecho a la vida, así como de las menores embarazadas”. La falta de
precisión de estas palabras deja en el aire cuales serán las medidas exactas
que el nuevo Gobierno va a tomar respecto al tema del aborto.
La coordinadora del Centro Joven de Anticoncepción y Sexualidad de Madrid (CJASM), Diana Lozano, señala: “no tenemos claro cuáles serán las modificaciones previstas de la actual
Ley de Salud Sexual y Reproductiva, pero lo que parece extraerse del programa
electoral y de los discursos de muchos y muchas de las integrantes del Partido
Popular es que se volverá a una ley similar a la de 1985”.
El aborto se despenalizó en
España en el año 1985 con la aprobación de la Ley Orgánica 9/1985. Esta
ley acogía las interrupciones voluntarias del embarazo en tres supuestos
concretos: si el embarazo supone un grave peligro para la vida o la salud
física o psíquica de la embarazada, si el embarazo es consecuencia de un hecho
constitutivo de un delito de violación previamente denunciado y si se presentan
graves taras físicas o psíquicas en el feto.
En marzo del año 2010, se aprobó
la Ley Orgánica 2/2010 de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción
Voluntaria del Embarazo. El artículo 13 de esta Ley indicaba que “en el caso de
las mujeres de 16 y 17 años, el consentimiento para la interrupción voluntaria
del embarazo les corresponde exclusivamente a ellas de acuerdo con el régimen general aplicable a las
mujeres mayores de edad”. El Partido
Popular recurrió esta Ley ante el Tribunal Constitucional.
“Consideramos la interrupción
voluntaria del embarazo como un derecho, por lo que el tener acceso a recursos
o servicios nos parece siempre algo positivo”, señala Diana Lozano. Asimismo,
la coordinadora añade: “en la Ley de Autonomía del Paciente, se regula que a
partir de los 16 años ya se es mayor de edad médicamente hablando. Por lo que
un chico de 17 años puede decidir si le amputan un brazo o una chica de 16
puede elegir someterse a una diálisis. Nosotras consideramos que la IVE no
tiene por qué ser una excepción”.
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| Concentración por el aborto libre y gratuito en Granada. Autor: R. Dedrallin |
A pesar de que esta ley protegía,
y todavía protege, a las mujeres mayores de 16 años que abortaban sin
consentimiento paterno o materno, el número de menores que ha abortado desde su
aprobación no ha aumentado considerablemente. Según un balance anual realizado
por la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo
(ACAI) en el mes de julio del año 2011, “el porcentaje de mujeres de 16 y 17
años que interrumpe su gestación en los centros ACAI oscila entre un 3% y un 4%”.
Desde la Clínica Acuario de Valencia,
perteneciente a ACAI señalan: “nuestra experiencia es que no ha aumentado
el número de menores que han abortado desde la puesta en marcha de la nueva ley
y ha sido un porcentaje muy mínimo el que ha aducido graves problemas con
los padres para no hacerlos partícipes del embarazo”. La coordinadora del CJASM
afirma, en este mismo sentido, que “un
mayor acceso, no lleva consigo un incremento en el número de mujeres, menores o
no, que interrumpen su embarazo”. Además, explica que “desde que se implantó
la nueva ley, las mujeres
no acuden más, ni interrumpen más veces, sino que una vez que han tomado la
decisión, todo es más fácil para ellas”.
La ambigüedad de las palabras
recogidas en el programa electoral del PP respecto al aborto supone una incógnita,
ya que el nuevo Gobierno todavía no se ha pronunciado claramente respecto a
este tema. Las diversas asociaciones y organismos relacionados estrechamente
con el aborto todavía no tienen claro como les afectara finalmente la modificación
de esta ley. “Nosotras consideramos la IVE como un derecho y trabajamos para
que éste se pueda garantizar. Pensamos que penalizarlo solo supone un hándicap
para las mujeres que quieren acceder y que no aporta ningún aspecto positivo”,
declara Diana.
Las clínicas abortistas también
defienden la no derogación de la Ley del aborto. La clínica valenciana comenta:
“el respeto a la decisión de cada mujer sobre qué hacer con su embarazo le
corresponde solo a ella y es un logro en este país que no nos deberíamos
permitir el lujo de perder”.
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