El nuevo Real Decreto regulador de las prácticas no laborales en empresas se ha publicado en el Boletín Oficial del
Estado hace escasos días. Esta nueva norma pretende perfeccionar la situación de los
jóvenes con título universitario, de formación profesional o un certificado de
profesionalidad, de entre 18 y 25 años, que debido a su falta de
experiencia laboral tienen grandes problemas de empleabilidad.
Aunque estos problemas no se
circunscriban, hoy por hoy, sólo al sector
juvenil, esta norma se propone mejorar las condiciones de este colectivo
permitiendo como principales novedades que coticen en el régimen general de la
Seguridad Social durante la realización de las prácticas y que obtengan una
remuneración mensual que deberá ser
superior al 80% del Indicador público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), lo que para el año 2011 alcanzaría la cantidad de
426 euros mensuales.
La cotización de estos becarios no incluye el desempleo,
la formación profesional, ni el Fondo de Garantía Salarial, lo que implica una
cierta desprotección de los jóvenes en relación con las indicadas
contingencias. No obstante,
los jóvenes tendrán derecho a las
prestaciones de jubilación, invalidez e incapacidad temporal, tanto por
accidente de trabajo como por enfermedad común. Para la empresa, el coste por darlos de alta no es importante y se
reparte desigualmente con el practicante: 34,51 euros mensuales a cargo de las empresas y 6,05 euros a
cargo del practicante.
El director del Departamento de
Derecho del Trabajo de la Universidad Rey Juan Carlos, Rodrigo Martín Jiménez, opina que "es difícil hacer un pronóstico sobre los efectos que tendrá esta norma en la
consecución del primer empleo en los jóvenes", y añade que “lo que no puede negarse es que las empresas encuentran en esta nueva
norma un incentivo para vincular, a bajo coste, a jóvenes titulados sin asumir
por ello todos los costes de una contratación laboral”.
Joven becaria de una empresa de una empresa madrileña. /Ana Galán Carrasco. |
García Gil lamenta la ausencia,
en esta norma, de medidas concretas para evitar el fraude y la utilización
indebida de trabajadores en prácticas y añade que hubiera sido una buena
oportunidad para ahondar en medidas restrictivas y limitativas de estos
comportamientos fraudulentos.
Rodrigo Marín Jiménez, por su parte, cree que lo más criticable
de la norma es el exceso de burocracia. Ya
que este decreto exige lo siguientes trámites:
·
Suscribir un convenio de colaboración con el Servicio Público de Empleo
competente,
·
presentar a los Servicios Públicos de Empleo un programa de prácticas donde
conste el contenido de las prácticas y
la formación impartirá,
·
Suscribir un acuerdo con el practicante,
·
Informar a los representantes legales de los trabajadores sobre los
acuerdos de prácticas no laborales suscritos.
·
Informar a los Servicios Públicos de Empleo competentes de los acuerdos
suscritos sobre prácticas no laborales
El sindicato Comisiones Obreras (CCOO) ha censurado duramente
este decreto por considerar que en él, "no parece que la Administración tenga
previsto un cierto control de calidad y de suficiencia de las prácticas para la
adecuada preparación exigida en el oficio, actividad o trabajo de que se trate".
CCOO afirma que "se ha de abandonar la idea de que rebajar
costes laborales y reducir derechos es la salida para la crisis y
especialmente para el colectivo de personas jóvenes". En opinión del sindicato, el contrato en prácticas, recogido en el Estatuto de los Trabajadores, regula la misma situación de hecho de los becarios y por ello, van a pedir al gobierno que la solución para estos jóvenes pase por introducir reformas en la figura contractual ya existente.
No hay comentarios:
Publicar un comentario