El nuevo decreto sobre los becarios no convence ni a expertos laboralistas ni a sindicatos

El nuevo Real Decreto regulador de las prácticas no laborales en empresas se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado hace escasos días. Esta nueva norma pretende perfeccionar la situación de los jóvenes con título universitario, de formación profesional o un certificado de profesionalidad, de entre 18 y 25 años, que debido a su falta de experiencia laboral tienen grandes problemas de empleabilidad.

Aunque estos problemas no se circunscriban, hoy por hoy,  sólo al sector juvenil, esta norma se propone mejorar las condiciones de este colectivo permitiendo como principales novedades que coticen en el régimen general de la Seguridad Social durante la realización de las prácticas y que obtengan una remuneración mensual  que deberá ser superior al 80% del Indicador público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), lo que para el año 2011 alcanzaría la cantidad de 426 euros mensuales.

La cotización de estos becarios no incluye el desempleo, la formación profesional, ni el Fondo de Garantía Salarial, lo que implica una cierta desprotección de los jóvenes en relación con las indicadas contingencias. No obstante, los jóvenes tendrán derecho a las prestaciones de jubilación, invalidez e incapacidad temporal, tanto por accidente de trabajo como por enfermedad común. Para la empresa, el coste  por darlos de alta no es importante y se reparte desigualmente con el practicante: 34,51 euros mensuales a cargo de las empresas y 6,05 euros a cargo del practicante.

El director del Departamento de Derecho del Trabajo de la Universidad Rey Juan Carlos, Rodrigo Martín Jiménez, opina que "es difícil hacer un pronóstico sobre los efectos que tendrá esta norma en la consecución del primer empleo en los jóvenes", y añade que “lo que no puede negarse es que las empresas encuentran en esta nueva norma un incentivo para vincular, a bajo coste, a jóvenes titulados sin asumir por ello todos los costes de una contratación laboral”.

Joven becaria de una empresa de una empresa madrileña. /Ana Galán Carrasco.

La situación de los becarios españoles es más cruda si cabe con la crisis económica. Los jóvenes han pagado con creces las dificultades económicas de las empresas, realizando supuestas prácticas en las que desempeñan las mismas funciones que cualquier otro trabajador con contrato laboral, pero cobrando, en el mejor de los casos, cantidades irrisorias o simplemente sin cobrar. Según la  directora del Máster en Asesoría Jurídico-Laboral de la Universidad Rey Juan Carlos,  María Begoña García Gil, “Esta es una cuestión de responsabilidad más que de legislación; el ordenamiento laboral español establece un sistema contractual para becarios perfectamente definido en cuanto a naturaleza y límites, cuestión distinta es que ese régimen no se respete por los responsables de los becarios”.

García Gil lamenta la ausencia, en esta norma, de medidas concretas para evitar el fraude y la utilización indebida de trabajadores en prácticas y añade que hubiera sido una buena oportunidad para ahondar en medidas restrictivas y limitativas de estos comportamientos fraudulentos.

Rodrigo Marín Jiménez, por su parte, cree que lo más criticable de la norma es el exceso de burocracia.  Ya que este decreto exige lo siguientes trámites:

·         Suscribir un convenio de colaboración con el Servicio Público de Empleo competente,

·         presentar a los Servicios Públicos de Empleo un programa de prácticas donde conste   el contenido de las prácticas y la formación impartirá,

·         Suscribir un acuerdo con el practicante,

·         Informar a los representantes legales de los trabajadores sobre los acuerdos de prácticas no laborales suscritos.

·         Informar a los Servicios Públicos de Empleo competentes de los acuerdos suscritos sobre prácticas no laborales

El sindicato Comisiones Obreras (CCOO) ha censurado duramente este decreto por considerar que en él, "no parece que la Administración tenga previsto un cierto control de calidad y de suficiencia de las prácticas para la adecuada preparación exigida en el oficio, actividad o trabajo de que se trate".

CCOO afirma que "se ha de abandonar la idea de que rebajar costes laborales y reducir derechos  es la salida para la crisis y especialmente para el colectivo de personas jóvenes".  En opinión del sindicato, el contrato en prácticas, recogido en el Estatuto de los Trabajadores, regula la misma situación de hecho de los becarios y por ello, van a pedir al gobierno que la solución para estos jóvenes pase por introducir reformas en la figura contractual ya existente.

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