La peculiaridad de las viviendas protegidas es el precio
limitado porque son, en parte, subvencionadas por la administración pública
para facilitar el acceso de todos los ciudadanos a una vivienda de calidad,
como recoge el artículo 47 de la Constitución Española. Las VPO no se destinan
exclusivamente a la compra, también al arrendamiento, a precios más asequibles
a los normales del mercado, y al alquiler con opción a compra.
Lo cierto es que no existe un régimen unitario a nivel nacional sobre las viviendas de protección oficial, cada Comunidad Autónoma puede legislar sobre esta materia ya que cuenta con competencia exclusiva para la ordenación del territorio, urbanismo y vivienda. A pesar de todo, para que una vivienda sea considerada como de protección oficial ha de cumplir los requisitos establecidos en el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación (2009-2012).
El constructor de la vivienda, que puede ser una entidad privada o una entidad pública, se compromete a no vender la vivienda por encima del precio máximo que fija la administración. A cambio, el constructor recibirá una serie de beneficios fiscales, como la financiación de una parte importante de la construcción a un tipo de interés bajo.
El número de viviendas de protección oficial es limitado y
la demanda muy elevada. Para conseguir la adquisición de un inmueble con este
régimen favorable es necesario participar en un sorteo público que previamente
es publicado en el Boletín Oficial de la respectiva Comunidad Autónoma. No
todos los ciudadanos pueden participar en el sorteo, se necesita estar
empadronado en el municipio que sortea la vivienda y unos niveles de renta
determinados. Un joven residente en Madrid Iván Blanco, lleva esperando mucho
tiempo por una vivienda y afirma “no tengo claro que el sorteo sea lo mejor, no
es equitativo y hay gente que se necesita mucho más una vivienda que otra” pero
también hay visiones contrapuestas como la de Ana García que cree que “lo mejor
es un sorteo y no que se adjudiquen las viviendas a dedo”.
Con la presentación del Plan estatal español de vivienda y rehabilitación para el período
2009-2012 la Ministra de Vivienda en ese momento, actualmente el Ministerio ha
sido suprimido y sus competencias forman parte de Ministerio de Fomento,
Beatriz Corredor, prevé la creación de 1.500.000 de vivienda en los próximos 10
años. Pero la crisis económica ha obligado a que el plan se reajuste,
suprimiendo parte de las ayudas y destinando la cuantía máxima del gasto en 567
millones de euros para los dos próximos años.
Viviendas Protegidas en la Comunidad de Madrid / Foto: Comunidad de Madrid |
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