Las asociaciones que representan a las personas con
discapacidad intelectual piden que se revise la opción judicial de la
incapacitación para que se haga estudiando cada caso concreto.
Miles de personas con discapacidad intelectual
tienen negado el derecho al voto, no sólo por la falta de información, sino
también por la opción judicial de la incapacitación. “Los jueces impiden el
derecho al sufragio de forma automática al dictaminar la incapacidad de la
persona”, informa el gerente de Down España, Agustí Matía.
Colegio electoral de las elecciones de mayo de 2011 Foto: Radio Puebla @flickr.com |
Esta opción judicial la escogen la mayoría de
familiares de personas con discapacidad intelectual para protegerles, pero el
problema radica en que este proceso les lleva a la incapacitación total. “Se
incapacita a la persona a ejercer no sólo sus derechos patrimoniales sino
muchos otros derechos, como el derecho al voto”, informa el director de la ConfederaciónEspañola de Organizaciones en favor de las Personas con DiscapacidadIntelectual (FEAPS), Enrique Galván.
Desde las asociaciones están trabajando con el
Consejo General del Poder Judicial y con la Fiscalía General del Estado para
que haya unas órdenes a los fiscales y jueces de forma que los procesos de
incapacitación se hagan estudiando cada caso concreto. Esta opción judicial de
la incapacitación va en contra de la Convención Internacional de Derechos delas Personas con Discapacidad de la ONU, ratificada por España en 2007 y que
establece que todo discapacitado tiene el mismo derecho a votar que el resto de
ciudadanos. “La Convención establece que se deben determinar qué apoyos
necesitan estas personas para votar. Se trata de hacer accesible el
conocimiento”, defiende Matía.
“Por este motivo es imprescindible que el Gobierno
español adapte la legislación para garantizar que todas las personas con
discapacidad intelectual puedan participar en la vida política y pública. Esto
se traduce en hacer accesibles los programas electorales y principalmente en
revisar la orden judicial de incapacitación”, afirma Galván.
Barrera cognitiva
El pasado 30 de marzo el Gobierno aprobó un Real
Decreto que establece las condiciones básicas para la participación de las
personas con discapacidad en los procesos electorales, pero esta normativa no
regula la discriminación que sufren las personas con discapacidad intelectual
en el acceso a la información.
Los problemas de accesibilidad en los mítines de los
partidos políticos durante el tiempo de campaña electoral y las barreras
arquitectónicas en los colegios electorales se consideran los mayores hándicap
en el derecho al voto de miles de personas discapacitadas. Sin embargo, existe
un tipo de discriminación que va más allá de los impedimentos físicos y que se
suma a los impedimentos de la incapacitación judicial: la barrera en la
accesibilidad cognitiva. “Las personas con discapacidad intelectual tienen
dificultades diferentes del resto de discapacitados ya que no pueden acceder a
la información de los partidos políticos y al conocimiento en general”, informa
el director de FEAPS, Enrique Galván.
“Una
persona ciega o sorda encuentra dificultades a la hora de votar en los colegios
electorales, pero no tiene tanto problema en lo que respecta al acceso a la
información ya que cuentan con traducción al sistema braille y a la lengua de
signos. Las personas con discapacidad intelectual no pueden crearse una opinión
propia sobre qué y a quién tienen que votar porque los partidos políticos no
adaptan los programas electorales y la información de sus iniciativas políticas
a este colectivo”, reivindica Galván.
El pasado mes de marzo el Gobierno aprobó un Real
Decreto para regular las condiciones de accesibilidad que deben reunir los
entornos, productos y servicios para que las personas con discapacidad puedan
participar en la vida política y en los procesos electorales. Según el
reglamento, todas las personas con movilidad reducida que quieran ejercer su
derecho al voto podrán dirigirse a su correspondiente local, ya que obliga a
las administraciones a proporcionar un medio de transporte gratuito en los
casos en los que no exista transporte público accesible. Otro avance que recoge
la normativa es que tendrán que estar garantizados la privacidad y el secreto
de voto de las personas con discapacidad con la reserva de espacios
específicos. Pero lo que no regula este decreto, y que reivindican desde el
movimiento asociativo de FEAPS, es el derecho de las personas con discapacidad
intelectual a estar informadas.
“Para
este grupo de personas no hay ninguna norma que obligue a los partidos a hacer
accesible cognitivamente tanto la información como los espacios públicos para
votar. Este Real Decreto regula muchas medidas a favor de personas con otro
tipo de discapacidades pero en el caso de discapacitados psíquicos hay un vacío
legal ya que todavía no hay una norma
que mire por sus necesidades”, apunta el director de FEAPS.
Lo
que se reivindica desde las asociaciones que defienden los derechos de las
personas con discapacidad intelectual es que se adapte la información, por
ejemplo, aumentando el tamaño de la letra y redactando los mensajes de forma
más comprensible. FEAPS cuenta con un sistema internacional llamado ‘Lectura
fácil’ que traduce y redacta textos de forma directa en un lenguaje accesible
para estas personas y con unas normas de redacción muy básicas. Según Enrique
Galván, el partido político de Unión Progreso y Democracia se ha puesto en
contacto con FEAPS para redactar su programa electoral en una versión de
lectura fácil. “Por el momento y desgraciadamente es el único partido político
que lo hace”, comenta.
FEAPS
ha iniciado una campaña sobre el derecho al voto que estará alojada en la
página web ‘Mi voto cuenta’. “Buscamos que haya un progreso desde las
elecciones de mayo a las actuales de noviembre y hacer que sea más de un
partido el que tome conciencia de la discriminación que sufren las personas con
discapacidad intelectual”, informa Galván.
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