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Un proceso a revisión


Las asociaciones que representan a las personas con discapacidad intelectual piden que se revise la opción judicial de la incapacitación para que se haga estudiando cada caso concreto.

 

Miles de personas con discapacidad intelectual tienen negado el derecho al voto, no sólo por la falta de información, sino también por la opción judicial de la incapacitación. “Los jueces impiden el derecho al sufragio de forma automática al dictaminar la incapacidad de la persona”, informa el gerente de Down España, Agustí Matía.

 

Colegio electoral de las elecciones de mayo de 2011
Foto: Radio Puebla @flickr.com

Esta opción judicial la escogen la mayoría de familiares de personas con discapacidad intelectual para protegerles, pero el problema radica en que este proceso les lleva a la incapacitación total. “Se incapacita a la persona a ejercer no sólo sus derechos patrimoniales sino muchos otros derechos, como el derecho al voto”, informa el director de la ConfederaciónEspañola de Organizaciones en favor de las Personas con DiscapacidadIntelectual (FEAPS), Enrique Galván.

 

Desde las asociaciones están trabajando con el Consejo General del Poder Judicial y con la Fiscalía General del Estado para que haya unas órdenes a los fiscales y jueces de forma que los procesos de incapacitación se hagan estudiando cada caso concreto. Esta opción judicial de la incapacitación va en contra de la Convención Internacional de Derechos delas Personas con Discapacidad de la ONU, ratificada por España en 2007 y que establece que todo discapacitado tiene el mismo derecho a votar que el resto de ciudadanos. “La Convención establece que se deben determinar qué apoyos necesitan estas personas para votar. Se trata de hacer accesible el conocimiento”, defiende Matía.

 

“Por este motivo es imprescindible que el Gobierno español adapte la legislación para garantizar que todas las personas con discapacidad intelectual puedan participar en la vida política y pública. Esto se traduce en hacer accesibles los programas electorales y principalmente en revisar la orden judicial de incapacitación”, afirma Galván.

 

Barrera cognitiva

 

El pasado 30 de marzo el Gobierno aprobó un Real Decreto que establece las condiciones básicas para la participación de las personas con discapacidad en los procesos electorales, pero esta normativa no regula la discriminación que sufren las personas con discapacidad intelectual en el acceso a la información.

 

Los problemas de accesibilidad en los mítines de los partidos políticos durante el tiempo de campaña electoral y las barreras arquitectónicas en los colegios electorales se consideran los mayores hándicap en el derecho al voto de miles de personas discapacitadas. Sin embargo, existe un tipo de discriminación que va más allá de los impedimentos físicos y que se suma a los impedimentos de la incapacitación judicial: la barrera en la accesibilidad cognitiva. “Las personas con discapacidad intelectual tienen dificultades diferentes del resto de discapacitados ya que no pueden acceder a la información de los partidos políticos y al conocimiento en general”, informa el director de FEAPS, Enrique Galván.

 

“Una persona ciega o sorda encuentra dificultades a la hora de votar en los colegios electorales, pero no tiene tanto problema en lo que respecta al acceso a la información ya que cuentan con traducción al sistema braille y a la lengua de signos. Las personas con discapacidad intelectual no pueden crearse una opinión propia sobre qué y a quién tienen que votar porque los partidos políticos no adaptan los programas electorales y la información de sus iniciativas políticas a este colectivo”, reivindica Galván.

 

El pasado mes de marzo el Gobierno aprobó un Real Decreto para regular las condiciones de accesibilidad que deben reunir los entornos, productos y servicios para que las personas con discapacidad puedan participar en la vida política y en los procesos electorales. Según el reglamento, todas las personas con movilidad reducida que quieran ejercer su derecho al voto podrán dirigirse a su correspondiente local, ya que obliga a las administraciones a proporcionar un medio de transporte gratuito en los casos en los que no exista transporte público accesible. Otro avance que recoge la normativa es que tendrán que estar garantizados la privacidad y el secreto de voto de las personas con discapacidad con la reserva de espacios específicos. Pero lo que no regula este decreto, y que reivindican desde el movimiento asociativo de FEAPS, es el derecho de las personas con discapacidad intelectual a estar informadas.

 

Para este grupo de personas no hay ninguna norma que obligue a los partidos a hacer accesible cognitivamente tanto la información como los espacios públicos para votar. Este Real Decreto regula muchas medidas a favor de personas con otro tipo de discapacidades pero en el caso de discapacitados psíquicos hay un vacío legal ya que  todavía no hay una norma que mire por sus necesidades”, apunta el director de FEAPS.

 

Lo que se reivindica desde las asociaciones que defienden los derechos de las personas con discapacidad intelectual es que se adapte la información, por ejemplo, aumentando el tamaño de la letra y redactando los mensajes de forma más comprensible. FEAPS cuenta con un sistema internacional llamado ‘Lectura fácil’ que traduce y redacta textos de forma directa en un lenguaje accesible para estas personas y con unas normas de redacción muy básicas. Según Enrique Galván, el partido político de Unión Progreso y Democracia se ha puesto en contacto con FEAPS para redactar su programa electoral en una versión de lectura fácil. “Por el momento y desgraciadamente es el único partido político que lo hace”, comenta.
FEAPS ha iniciado una campaña sobre el derecho al voto que estará alojada en la página web ‘Mi voto cuenta’. “Buscamos que haya un progreso desde las elecciones de mayo a las actuales de noviembre y hacer que sea más de un partido el que tome conciencia de la discriminación que sufren las personas con discapacidad intelectual”, informa Galván.

El 30 de marzo de este año, con la aprobación del Real Decreto, se dio un paso adelante en lo que respecta a la integración de las personas con discapacidad en la vida política. Fue una medida que el sector acogió con satisfacción ya que supuso un importante avance que se llevaba reclamando desde hacía tiempo. Ahora se espera que no se pare el camino iniciado ya que en el tema de la accesibilidad cognitiva queda mucho por hacer y según las asociaciones “es la asignatura pendiente de los poderes públicos”. 



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