El
pasado viernes, el Tribunal de lo Contencioso-Administrativo Federal dictó una sentencia por la cual obliga a la cancillería y a los ministerios
alemanes a ofrecer a todo ciudadano que así lo exija, los documentos internos
del Gobierno, incluida información reservada. El tribunal se basa en una ley de
2005 denominada la 'Ley de la información libre'. Ésta dictamina el derecho
incondicional de todo ciudadano a acceder a información gubernamental sin
necesidad de alegar “razones jurídicas, económicas o de cualquier otro tipo”.
La sentencia de ahora, argumenta que el ciudadano debe tener el derecho de saber
sobre qué análisis, estudios y dictámenes se basan los políticos para tomar
decisiones que al fin y al cabo le afectan.
El
Estado sólo podrá negarse a entregar información en casos excepcionales. Por
razones “evidentes y bien argumentadas” de seguridad o cuando se vean afectadas
“partes esenciales de responsabilidad ejecutiva”, es decir, cuando un asunto
todavía esté en proceso, según explicaciones de la profesora de Derecho en la Escuela Técnica Superior de Hanóver , Bärbel Röben. De otro modo, “los
políticos no podrían hacer su trabajo”, opina Röben.
“Gran madurez
democrática”
Con esta sentencia, todo ciudadano alemán tiene
el poder de destapar cualquier acción gubernamental. A efectos prácticos, el
gobierno sólo puede denegarle al ciudadano información que también se le
denegaría a una comisión investigadora del propio parlamento. Se trata de una
herramienta muy poderosa en pro de la transparencia política. Y para ello “no
ha hecho falta ningún partido político, grupo social y menos aún el Parlamento alemán”, se felicita Bärbel Röben. La profesora piensa que esto “demuestra una
gran madurez democrática” del poder legislativo alemán. Unos años antes, las
actividades gubernamentales quedaban fuera del deber de transparencia que
dictaminaba la nombrada 'Ley de información libre'.
¿Sería posible una ley similar en España?
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| Imagen: 'Justitia'(Berna,Suiza) / WikimediaCommons/ Autor: Roland Zumbüh/2005 |
En España, la Constitución encarga
a la Ley regular
“el acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos”, según
el artículo 105 . Sin embargo, ya en la Carta Magna aquel
derecho queda restringido si se trata de documentos que afectan “a la seguridad
y defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad de las
personas”. De este modo, la declaración del artículo 105 se interpreta
generalmente con un cierto reconocimiento implícito de un derecho de acceso, con
las excepciones que indica el propio artículo.
Esta previsión se desarrolla de forma directa
por el régimen jurídico de las administraciones públicas. En su Ley 30 de 1993 se reconoce, por un lado, “el
acceso de los ciudadanos a los expedientes que les afecten directa y
personalmente”, además de a obtener copia de esos documentos y el “acceso a
archivos administrativos”; si bien en este caso – el de la documentación que no
le afecte directamente al interesado – hay muchas excepciones que son difíciles
de aplicar y cuya definición es ciertamente vaga. En relación con este último aspecto, el catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos Tercero de Madrid, Agustín de Asís, considera que “la situación no es en
absoluto satisfactoria”.
El modelo más aclamado es la Freedom of Information Acta (FOIA) americana que consagra el derecho de cualquier ciudadano
estadounidense a acceder a la información de cualquiera de las Agencias sin
necesidad de justificar interés, salvo casos que puedan afectar, por ejemplo, a
la seguridad nacional. La
Unión Europea ha promovido una legislación más abierta en el
sentido de la FOIA “y España tenía en elaboración una ley de transparencia que desarrollaba esta
iniciativa” que finalmente “no ha madurado lo suficiente”, se lamenta De Asís.
Considera que “la mejora en la transparencia administrativa es una necesidad”.
En el plano legislativo y en el político “se puede y debe” asegurar un control
democrático sobre la aplicación de los criterios de acceso a documentos
administrativos, además de “mejorar la definición de las excepciones”. De Asís
señala la importancia de mejorar también “la sostenibilidad”, de manera que el
ejercicio de este derecho “no bloquee la administración”.
La sentencia ha obtenido
poca atención
Con
todos los movimientos antigubernamentales como el 15-M o el 'occupy', el
término de 'transparencia' había sido utilizado hasta su desgasto por
ciudadanos y políticos a partes iguales. Desde el comienzo de la crisis
económica y con la desestabilización social y política que ésta ha provocado,
la 'transparencia' se había convertido en un elemento esencial de todo discurso
político. Sin
embargo, los avances en este campo han sido mínimos en toda Europa.
Ahora, al margen de un gobierno concentrado
en la salvación de los bancos, la justicia alemana ha dado un paso importante
hacia el ideal democrático. Sin embargo, la sentencia no ha obtenido la
atención merecida. “Si nadie va a mirar los documentos”, esta sentencia no va a
surtir ningún efecto sobre un mayor control hacia los políticos, argumenta
Bärbel Röben. No obstante “sí se ve reforzada la capacidad de acción” de los
periodistas a través de esta sentencia. A partir de ahora, los periodistas
alemanes podrán exigir cualquier documento sin que éste les sea denegado por
cuestiones de seguridad. “Al menos lo tendrán más difícil para argumentar su
negación”, piensa Röben.
“Que
se haya reconocido en Alemania no significa que vaya a tener impacto” en España
o en la Unión Europea
“pese a la indudable influencia de todo lo que viene de Alemania”, constata el
profesor De Asís. Por tanto, la única esperanza es que esta materia se
desarrolle de manera independiente en cada uno de los gobiernos comunitarios o
que mejore “el Convenio Europeo”, que pretende regular precisamente este asunto.
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