La ley española cambia para
adaptarse a la Convención de la ONU sobre derechos de personas con
discapacidad. Se modifican alrededor de 20 leyes, entre ellas, ahora se obliga
a las comunidades de propietarios a realizar obras de accesibilidad si hay al
menos una persona discapacitada en el edificio. Una norma que provoca opiniones
muy dispares entre los vecinos. Por otro lado, la Comunidad de Madrid que ha
estado subvencionando estas obras, ha “cerrado el grifo” ya que no pueden hacer
frente a los gastos, lo que ha provocado que muchos vecinos se opongan a la
realización de estas obras.
“La Comunidad Autónoma
de Madrid subvenciona el 70% de la obra destinada a mejorar la accesibilidad de
los edificios siempre que el total no supere los 50.000 euros”, informa el
ingeniero técnico del grupo Dúplex Elevación, Francisco Canillas. Sin embargo
desde hace algunos meses y hasta la actualidad, son muchas las comunidades que
aún no han recibido el dinero. “Llevan dos años sin dar un euro, hay gente que
tiene aprobada la licencia, que han pagado ellos por adelantado las obras y
están esperando que la Comunidad haga frente a esos pagos”.
Otra de las leyes que
ha sido modificada supone que si la obra de accesibilidad “excede las tres
mensualidades ordinarias de gastos comunes” y esta obra no es aprobada en junta
ordinaria, puede ser rechazada por la comunidad de vecinos. Así, un
discapacitado del municipio de Leganés, Alejandro Herranz, denuncia cómo sus
vecinos se opusieron a la instalación del ascensor en el edificio por su precio
elevado por lo que tuvo que instalar un salvaescaleras que recorre sólo hasta
la primera planta. “Tardo unos cinco minutos en colocarme en la silla y subir
hasta mi casa, sin contar los días que llevo bolsas que tengo que dar más
viajes y el tiempo se duplica. Si hubiese ascensor, apenas tardaría dos
minutos”.
“El ayuntamiento ya no
da ayudas, muchas de las familias estamos en paro y el presupuesto de las obras
se iba de las manos, no podíamos hacer frente. A cambio, y por menos de la
mitad, acordamos instalar la silla salvaescaleras desde la planta baja hasta la
primera planta (donde vive Alejandro Herranz)”, defiende el presidente de la
comunidad de vecinos, Antonio Márquez. “Sabemos que no es la mejor opción, pero
hasta que no pase esta crisis es lo máximo que podemos ofrecer”.
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