Cartel de los indignados/Antonio Marín Segovia |
El lanzamiento o desahucio es el acto en virtud del cual se despoja a una persona de la posesión material de un bien inmueble en ejecución de una resolución dictada por la autoridad gubernativa o judicial. Este es el caso de numerosos ciudadanos que, en tiempos de crisis, no pueden hacer frente a los pagos de sus hipotecas. Entre los años 2005 y 2008 se firmaron numerosos contratos de préstamo, muchos de ellos con intereses muy altos, cuando nadie pensaba que llegarían tiempos peores.
Hoy, tres años más tarde, se materializan las consecuencias de la crisis con una tasa de paro en España del 24,44%, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), llegando a cifras escalofriantes de casi cinco millones de desempleados. Así, el presidente de la asociación de Afectados por Embargos y Subastas (AFES), Carlos Baños, explicó cómo ayuda a los afectados: “Lo primero que hacemos es escucharles, después estudiar todas las variables que sobre su caso puedan incidir de forma jurídica, dado que es la pura mediación con la entidad financiera o con la entidad ejecutante en el caso de que ya esté abierto un procedimiento de ejecución hipotecaria y, a partir de ahí, explicarle al asociado a qué es a lo que se enfrenta y qué consecuencias tiene”.
Hoy, tres años más tarde, se materializan las consecuencias de la crisis con una tasa de paro en España del 24,44%, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), llegando a cifras escalofriantes de casi cinco millones de desempleados. Así, el presidente de la asociación de Afectados por Embargos y Subastas (AFES), Carlos Baños, explicó cómo ayuda a los afectados: “Lo primero que hacemos es escucharles, después estudiar todas las variables que sobre su caso puedan incidir de forma jurídica, dado que es la pura mediación con la entidad financiera o con la entidad ejecutante en el caso de que ya esté abierto un procedimiento de ejecución hipotecaria y, a partir de ahí, explicarle al asociado a qué es a lo que se enfrenta y qué consecuencias tiene”.
Por otro lado, el defensor del Pueblo andaluz, José Chamizo, no puede desinhibirse ante tantos casos de desahucio en el último año: “Lo general es hablar con los bancos para ver si se encuentra algún tipo de solución. Lo que se está haciendo es cambiar el régimen de propiedad de alquiler y provocar el desahucio, pero esto se tiene que hacer antes de que haya una sentencia judicial de desahucio. Antes, cuando estaban bien los ayuntamientos, ayudaban con un alquiler de tres meses o contratando un servicio de limpieza a algunas familias que estaban en situación peor para que no se vieran en la calle, no como ahora. También hemos pedido ayuda a alguna ONG”.
Un ejemplo de este problema es el caso de Josefa Doblado, una sevillana de 69 años que estuvo en peligro de perder su casa por una orden judicial de desahucio. Esta anciana vendió su vivienda en 1999 por un precio simbólico de 30.000 euros a su sobrino para que éste la utilizara como aval para obtener un préstamo y comprarse una furgoneta que necesitaba para su trabajo. Ella siguió viviendo en la casa. Con el tiempo, su sobrino dejó de pagar las letras y se inició una ejecución de embargo de la que no tuvieron constancia hasta siete años después por u incidencia en las notificaciones. Cuando lo supieron intentaron pagar de golpe todo lo que debían y, asesorados por un letrado, abonaron 30.000 euros. No fue suficiente. El banco respondió que los intereses ascendían a 44.000 euros y las costas judiciales a 8.000, por lo que la deuda total era de 59.000 euros. De ahí la orden de desahucio, que intentó ser frenada por el nuevo abogado que tomó el caso hace unos meses. “Casi cuando he tenido tiempo de poder salir un poquito y se me ha pasado la muerte de mis padres resulta que empiezan los problemas, un embargo, una subasta y la orden de desahucio. He cambiado mucho”, dijo la afectada.
Este tema provocó gran indignación en la capital andaluza. “Entendemos que uno, han tomado un tipo de interés que no es correcto ni procedente; dos, que tenían un medio alternativo para realizar estos bienes; y tres, que una institución del prestigio de BBVA debía de cuidar un poco más de dónde obtiene la rentabilidad, pues creemos que su grandeza le da otros medios para alcanzar esa rentabilidad sin tener que aprovecharse de una pobre familia”, expuso José Manuel Ramírez, letrado de la causa.
Asimismo, la consejera de Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía, Micaela Navarro, también se expresó en términos semejantes: “Nos parece absolutamente injusto para cualquier persona, tenga la edad que tenga, que sufra un desahucio, y más si es a esas edades. Lo que no pueden hacer los bancos, y eso se ha hecho en los últimos años, es firmar con una familia una hipoteca que supone el 80% de sus ingresos. Es una barbaridad y una irresponsabilidad por parte de la entidad de crédito”.
En esta misma línea también se mostró indignado Carlos Baños, que calificó como “una actitud salvaje” la actuación del banco contra Doblado. “No se le puede pedir más a esa mujer. No lo había visto nunca”, comentó.
El movimiento 15-M tampoco se quedó al margen de este asunto, “En definitiva, es un atropello al derecho fundamental de cualquier ser humano a tener una vivienda. Queremos denunciar como en esta época de crisis son los ciudadanos los que siguen sufriendo sobre sus espaldas los castigos con mayor dureza, enfrentándose a perder su trabajo y a perder su casa, mientras otros como los bancos en el caso de los desahucios hacen verdaderos negocios especulativos”, argumentó el portavoz de la comisión legal de la Asamblea del movimiento en Sevilla, Rafael Palomo.
Sin embargo, el ser humano se crece ante las adversidades y, finalmente, con el apoyo del grupo de indignados y el Defensor, Josefa consiguió ganar tiempo y, de momento, pasará un poco más de tiempo en su casa hasta nueva orden. “Gracias a la mediación del defensor del pueblo y las asociaciones, el BBVA ha comparecido en el juzgado y ha suspendido el lanzamiento del domicilio de esta mujer”, anunció el abogado que ejerce la defensa técnica.
La afectada, emocionada y entre lágrimas, reconoció la labor de todos los actores en este asunto: “Gracias al movimiento del 15-M, a las llamadas de apoyo y a todos los medios. Gracias a mi abogado, al Defensor del Pueblo y a todos los vecinos. Parece que no pero te den ánimos y te ayuda a llevar las cosas de otra manera. Espero que esto no sea agua pasajera y pueda ser resuelto legalmente”. Aún así, los activistas del 15-M seguirán pendientes: “Nosotros vamos a esperar a ver si existe otra notificación por parte del juzgado y en caso de que exista, pues evidentemente nos movilizaremos de nuevo”.
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