La Comunidad de Madrid ha puesto en marcha las disposiciones generales del Real Decreto-Ley 16/2012 aprobado por el Gobierno el 20 de abril. A partir de ahora los extranjeros en situación irregular no recibirán tarjeta sanitaria. Aquellos que ya la posean pueden seguir haciendo uso de ella hasta el día 31 de agosto, día en que la tarjeta pierde su validez. Este decreto no afecta a los inmigrantes que posean residencia legal.
Como prestación excepcional, los inmigrantes irregulares pueden acceder a la asistencia sanitaria en caso de urgencia y de parto. A su vez el servicio de pediatría funciona con total normalidad, por lo que los niños siguen teniendo cobertura sanitaria.
Centro de Salud de la Comunidad de Madrid.
Fotografía de Gonzalo Torres
El consejero de sanidad de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández Lasquetty, explica que esta medida es necesaria porque se dan casos en los que “personas que vienen, se empadronan y solicitan la tarjeta sanitaria para luego operarse de la cadera o de una rodilla”. Este decreto ha suscitado duras críticas desde los colectivos de inmigrantes. Diversas organizaciones se han dirigido a las altas esferas del Gobierno para mostrar su malestar.
La Alianza de Plataformas de ONG del VIH ha escrito una carta a la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato. La ministra asegura que son las ONG las que se ocuparán de la asistencia sanitaria a los extranjeros en situación irregular. La plataforma argumenta que este hecho genera dudas sobre su viabilidad, debido a que en los Presupuestos Generales del Estado no existe una partida que cubra ayudas a las ONG que luchan contra el VIH. Entre las críticas que expone la Alianza de Plataformas de ONG del VIH se encuentra el cuestionamiento de la metodología que empleará el Gobierno para controlar el acceso a los tratamientos específicos, a las pruebas y a la expedición de recetas. Destaca lo que a su juicio es una decisión unilateral basada en la “improvisación” que daría lugar a un sistema sanitario “paralelo” que sólo generaría más gastos a la sanidad pública.
La Comunidad de Madrid se suma a la política de recortes y de control del gasto público. Con esta medida el Gobierno pretende evitar el coste del servicio sanitario en inmigrantes que no residen en España, cifra que según sus propios estudios en 2009 ascendió a los 1000 millones de euros.
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