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Asociaciones de Texas recogen testimonios sobre los efectos de leyes inmigratorias en Estados Unidos


Madrid, 9 de diciembre de 2011.- Ayer se presentó una campaña pro derechos humanos en la ciudad de Houston, perteneciente al estado de Texas, situado en el sur de Estados Unidos. El promotor de la misma es una plataforma compuesta por varias organizaciones de inmigrantes denominada “Houston Unido”. Bajo el lema de “Cuenta tu historia”, se propone recaudar testimonios de inmigrantes que hayan sido detenidos o juzgados según los nuevos programas federales de inmigración implementados por el gobierno del presidente estadounidense, Barack Obama.


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Este proyecto se posiciona en contra de la legislación 287(g) y su enmienda, el programa “Secure Communities”, el cual se puso a prueba en 2008 en Texas y la administración de Obama lo extendió a más jurisdicciones. Estos programas otorgan poderes a los policías locales “Secure Communities” para que se conviertan en agentes de inmigración. De esta forma tienen facultades para detectar y deportar a inmigrantes indocumentados con antecedentes, papel que antes tenía exclusivamente el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas delos Estados Unidos (ICE). Desde “Houston Unido” se quejan de que en la práctica estos programas sirven para llevar a cabo detenciones indiscriminadas de inmigrantes sin papeles y que fomenta la violencia y los malos tratos.

Una de las organizadoras del proyecto, Marianela Acuna expresó que “el proyecto está diseñado para mejorar el entendimiento sobre los efectos de estos programas federales que tienen como blanco a la población inmigrante”, y que además cumple también la función de “documentar los abusos cometidos como resultado de su implementación”. Estos programas son criticados por su falta de transparencia y por haber conducido a “miles de inmigrantes a procesos de deportación”.
Durante cuatro días los inmigrantes pueden acudir personalmente a diversos lugares para ofrecer su testimonio. El consulado de México en Houston se ha prestado ya a esta tarea, así como algunas asociaciones religiosas y otras pro derechos humanos de la ciudad. “Queremos asegurarnos que las voces de las personas afectadas por estos programas están siendo escuchadas, ya que sus historias son esenciales para promocionar los derechos de los inmigrantes”, defiende Acuna.

Aunque en Estados Unidos la materia inmigratoria es de alcance federal, en los últimos años los estados han comenzado a elaborar sus propias leyes, muchas de las cuales se encuentran paralizadas por la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos. Por ejemplo las polémicas Ley Alabama HB56 y Ley Arizona SB 1070, firmadas por los gobernadores de sus estados en 2010 y 2011 respectivamente.  Estas leyes criminalizan la indocumentación de inmigrantes, instan a la policía a comprobar el estatus de personas sosprechosas de ser ilegales o faculta a las escuelas a mirar el estatus legal de sus estudiantes, entre otros aspectos. El profesor de sociología de la Universidad de Notre Dame del estado de Indiana, Jorge A. Bustamante, opina que estas leyes son “inconstitucionales” y que están siendo impugnadas por “más de diez Organizaciones No Gubernamentales” (ONG) y por la oficina de Obama. El sociólogo las considera racistas “en la medida en que el color de piel acaba siendo en la práctica el criterio principal que determina las detenciones y expulsiones de migrantes”.
Por su parte, el presidente de la Asociación Cultural Catalano Mexicana, César Cárdenas, denuncia que muchos mexicanos en Estados Unidos -la población inmigrante más abundante en este país- viven en “condiciones infrahumanas y de semi exclavitud” a nivel laboral. Precisamente cree que estas leyes no van a salir adelante porque EEUU “ requiere mucho de la economía sumergida para sacar adelante el país, y por tanto les conviene tener indocumentados”.




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