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Barrotes de colores, muros sin reglamento


Una ONG reclama a los partidos políticos un reglamento para los CIE

El CIE de Aluche en Madrid
Madrid, 1 de noviembre de 2011.- A pocos metros de la madrileña parada de metro de Aluche se encuentra un complejo de edificios de estructura baja y colores estridentes amarillo dorado y azulón. La arquitectura pareciera más propia de un lugar de ocio que de un instrumento punitivo. Un muro simple, y del mismo amarillento color, rodea el recinto, sobre el cual se alzan un par de cámaras de vigilancia. Las rejas aparecen camufladas por unas mamparas ovaladas azul mahón. Se trata de una comisaría de policía, pero también de un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE). Las personas que van a hacer visitas a los inmigrantes apresados en el CIE tienen que esperar a la intemperie bajo una improvisada carpa. Los baños se encuentran a la puerta del recinto, y son de plástico. Una muchacha que vende boletos de teléfono hace las veces de funcionario de policía, ya que se encarga de preguntar los números a los que se quiere visitar. Porque los inmigrantes que se encuentran en el CIE apenas son números que les son asignados al entrar. Al cabo de un rato viene un policía y recoge los apuntes de la vendedora de boletos. Junto a cada número que el funcionario lee en alto se exige el documento identificatorio de la persona que pretende hacer la visita.


El pasado 28 de octubre la Organización no Gubernamental (ONG) Pueblos Unidos lanzó una campaña para recoger firmas través de la comunidad global online Avaaz. Se aprovecha la cercanía de las elecciones generales del próximo 20 de noviembre para apelar a los distintos partidos políticos la adopción de un reglamento para los CIE. Además se pide que la clase política se "posicione" contra la "criminalización de los inmigrantes" y la "represión en los CIE".
La actual Ley de Extranjería incluye en su texto la necesidad de "desarrollar reglamentariamente" los CIES, hecho que de momento no se ha producido. La socióloga y profesora de la Universidad Nacional de Educación a Distacia (UNED), María RosarioSánchez Morales, opina que estos centros "están muy masificados" y que se deberían regular "estrictamente" para que fueran lo más humano posibles.

El policía de turno acompaña a las visitas de los detenidos hacia un edificio del complejo. Tras subir dos pisos toca volver a esperar en una salita de estar. Los agentes vuelven a recitar los números a visitar y uno por uno van pasando los familiares y amigos hacia un pasillo que cuenta con 11 cabinas transparentes. Cada cubículo dispone de una silla y una estantería sobre la que se encuentra un teléfono. "¿Tienes algo para pasarle al interno?", le pregunta un policía a una mujer morena. Entre sus enseres se encuentra un desodorante roll-on. El agente lo coje y mira detenidamente. "Tiene que tener la bola transparente y éste la tiene blanca. No se puede pasar", afirma. Ante la cara de incredulidad de la mujer, añade el funcionario: "Es que las malas personas luego le meten cosas".
Los números pasan uno a uno. Los policías abren el ventanal transparente de la parte delantera de la correspondiente cabina para que los detenidos pudieran saludar a los visitantes.El tiempo justo para dar un apretón de manos, y se interpone nuevamente el cristal en la comunicación, que a partir de ahora se realizará a través de un teléfono. La comunicación duró, en esta ocasión, 15 minutos. "Otros días dejan al menos media hora", comentan dos mujeres jóvenes.

"Los CIES son peores que cárceles"

La Ley Orgánica de Extranjería (LOEX) contempla una sanción por estancia irregular en España de multa o expulsión "atendiendo al principio de proporcionalidad y mediante resolución motivada". La ONG Pueblos Unidos denuncia en su informe anual del 2010 que aunque en teoría se reserva el internamiento en los CIE para las personas con antecedentes penales, en la práctica "el internamiento se usa indiscriminadamente para personas sin antecedentes, con familia y trabajo, que podrían hacer frente a una eventual multa". La abogada de SOS Racismo, Isabel Lima, afirma que a los inmigrantes ilegales los detienen "en lugares públicos de imprevisto y los meten en el CIE para facilitar su expulsión". Denuncia que la ley contempla que se puede internar a un extranjero en el CIE sin tener todavía una orden de expulsión, como medida cautelar: "A veces es más una estrategia que responde al propósito de poner sobre aviso a quienes se arriesgan a entrar ilegalmente en España.”. En ocasiones aumentan “las redadas” y el encierro en el CIE de una determinada nacionalidad “para llenar un avión que sale al país de origen de dichas personas”, prosigue Lima.

La Ley de Extranjería recalca que los lugares de internamiento de extranjeros "no tendrán carácter penitenciario", y que se trata de un "internamiento preventivo" que puede durar hasta 60 días. El antropólogo y profesor de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), UbaldoMartínez Veiga, opina que los CIE son “campos de concentración” en los que se encierra a inmigrantes por la falta administrativa de no tener `papeles´. Afirma que son “peores que las cárceles” porque a los detenidos “les quitan todos los derechos que podían tener” y no hay ningún tipo de “control efectivo”. “En las prisiones tienen gente que trata de entender a los prisioneros”, los CIES son controlados por policías, “en vez de haber funcionarios”. Es un “sistema de disciplina brutal, en el que se hay unos maltratos brutales llevados por la Policía”, prosigue.

La LOEX apunta a que los CIES “estarán dotados de servicios sociales, jurídicos, culturales y sanitarios", además de que los internados "podrán formular quejas". Sin embargo, la ONG Pueblos Unidos denuncia en su último informe del año 2010 que hay un grado de desinformación muy grande entre los retenidos, por ejemplo, no saben cómo poner quejas, no saben quienes son sus abogados, o no hay intérpretes para los que no hablan español. Por otra parte, según este organismo “la asistencia médica es muy deficiente”. Isabel Lima revela que las celdas no cuentan con urinario propio, con lo cual “si el funcionario no quiere o tarda en abrir la puerta se tenga que mear en los lavabos”. Por último, tanto la ONG SOS Racismo como Pueblos Unidos transmiten las denuncias de muchos internos de que se producen “castigos generalizados, violencia por parte de los funcionarios, malos tratos en los traslados a aeropuertos, así como vejaciones verbales”.

Isabel Lima tiene claro que la falta de regulación es la causante de muchas de estas denuncias. A pesar de que la LOEX tenía previsto regular el funcionamiento de los CIES desde 2009, “ni siquiera existe un borrador del reglamento y los principales partidos han decidido ignorar el tema en sus campañas electorales”, como reza la petición online de firmas. De momento algunos partidos políticos como EQUO, Unión Progreso y Democracia (UpyD) o Izquierda Unida (IU) ya se han adherido a esta petición. Ninguno de los partidos mayoritarios, Partido Popular (PP) o Partido Socialista (PSOE) se han pronunciado de momento al respecto. La iniciativa apela, por último, “a una gigantesca protesta ciudadana” que pueda “forzar” a los dirigentes  “ a comprometerse públicamente para cumplir la ley tomando medidas inmediatas en la próxima legislatura".

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